La sala segunda del juzgado de lo Contencioso-Administrativo a
procedido a anular un decreto firmado por el alcalde de Campos,
Andreu Prohens (PP), el 22 de enero de 2004, tras acordar que la
resolución del presidente de la Corporación municipacampanera «no
se ajusta a derecho».
El 2 de abril de 2004 el propietario del local donde está
ubicada la sala de fiestas «7 Llunes» presentó un recurso
contencioso-administrativo contra el decreto de alcaldía firmado
por Andreu Prohens dos meses antes, en virtud del cual el
Ajuntament de Campos denegaba el otorgamiento de licencia de
apertura y funcionamiento a la citada discoteca. El Consistorio
alegó que el recinto en cuestión no estaba adaptado al Real Decreto
(RD) 2816/82 que aprobaba el reglamento general de Espectáculos
Públicos y que el propietario de local había renunciado de forma
tácita a la licencia de apertura otorgada en 1979 después de que la
sala de fiestas hubiera permanecido cerrada durante 18 años.
Por contra, el recurrente aseguró en su escrito haber adquirido
licencia de apertura y funcionamiento por silencio administrativo
«en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 8/1995», y
argumentó que el decreto de alcaldía «carece de motivación puesto
que nada consta en el expediente administrativo instruido para
denegar la licencia de apertura y funcionamiento». «Pero sí
consta», añade el propietario del local sito en el número 11 de la
calle Cosme Prohens, «un certificado del ingeniero industrial
Asensio Covas en el que además de certificar que el local cumple
las prescripciones normativas vigentes, adjuntaba un plano con las
pequeñas modificaciones introducidas en el local para mejorar las
vías de evacuación y seguridad del mismo y adaptarse así al RD
2816/1982».
De esta manera, el titular de la sala segunda del juzgado del
Contencioso-Administrativo deduce que el recurrente (el propietario
del local donde se encuentra ubicada la sala de fiestas» disponía
en enero de 2004 de licencia en vigor para el ejercicio de la
actividad de discoteca y, en consecuencia el decreto de alcaldía
firmado por Andreu Prohens «no se ajusta a derecho».
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