El futuro Casal de Joves ha nacido bajo la polémica. El PSOE
denunció ayer que el convenio firmado entre la Iglesia y el
Ajuntament para la cesión de este inmueble «es inconstitucional» y
que «intentaremos que se dé marcha atrás».
Así se pronunciaba el portavoz socialista Josep Barrientos. «Los
términos de este convenio contradicen los artículos 16 y 20 de la
Constitución porque hay que recordar que hay una cláusula que
prohíbe organizar actos contra la moral de la Iglesia. La
Constitución deja muy claro que todo el mundo tiene derecho a
expresar libremente sus ideas y opiniones y se defiende la libertad
religiosa, ideológica y de culto, y el ejercicio de este derecho no
se puede restringir a través de una censura previa».
Barrientos explicó que «ahora registraremos la denuncia en el
Ajuntament. Nuestros servicios jurídicos están estudiando si se
puede llevar el caso a los juzgados y, en último extremo, lo
llevaremos ante el Defensor del Pueblo».
Por su parte, el alcalde Damià Ripoll (PP) indicó que «no es en
absoluto un convenio inconstitucional. Todo son interpretaciones».
Según el convenio, no se pueden organizar actos contra la doctrina
de la Iglesia católica. «Creo que no se producirá ningún conflicto
pero si se diera el caso y los jóvenes se interesasen por una
actividad que la Iglesia no lo permitiera buscaríamos otra
alternativa. Se podría hacer en otro lugar. Nosotros si nos
equivocamos, no tenemos ningún inconveniente en rectificar».
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