El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Inca ha estimado la
demanda de veintitrés vecinos de Lloseta -apoyados por el grupo
ecologista Gadma- y dictamina que la empresa tendrá que pagar unos
21 millones de euros en indemnizaciones y instalar las medidas
correctoras necesarias a su fábrica de Lloseta para reducir la
contaminación acústica, lumínica y sonora que afecta a los vecinos
poniendo en peligro su salud pública.
El caso será trasladado ahora a la Audiencia de Palma ya que la
empresa ha anunciado que apelará el dictamen del juez de Inca.
El abogado de los afectados, Josep Joan Beltran, y los
ecologistas de Gadma se mostraron ayer totalmente satisfechos con
el dictamen que condena a la empresa «a indemnizar a los
demandantes de todos los daños o perjuicios del pasado». Asimismo,
se condena a Cemex «a indemnizar dinerariamente a los actores en
todos los daños y perjuicios materiales y morales hasta que en un
futuro no se instalen las medidas correctoras necesarias». El
abogado indicó que «aproximadamente la empresa tendrá que
indemnizar a los afectados con 360.000 euros».
El juez José Matías Penadés García contó entre las pruebas con
un informe pericial del ingeniero Salvador J. Fonolla, que señala
que la empresa Cemex continúa contaminando a pesar de las mejoras
que al largo de estos últimos años han ido realizando.
En este sentido, el abogado señaló ayer que «una vez que
lleguemos al final del caso todas las medidas que se llevarán a
cabo beneficiarán a todo el colectivo de Mallorca y no sólo a los
23 vecinos que han interpuesto el pleito». «Los materiales pesados
que salen de la chimenea de la fábrica son muy malos y corrosivos»,
dijo. «Todo este material corrosivo afecta a las personas,
inmuebles y vegetación de los alrededores», añadió.
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