El sindicato UGT reunió ayer por la tarde a los trabajadores de la
empresa en una asamblea celebrada en Inca para explicarles el plan
de trabajo que emprenderán estos días y que abarca diferentes
ámbitos. «Hemos ideado un plan de acción que incluye pedir una
inspección de trabajo, continuar con las demandas en el juzgado de
lo mercantil, reunir pruebas para una querella criminal, entablar
conversaciones con el Govern e ir informando a los trabajadores de
la situación actual», explicó ayer el representante sindical de
UGT, Manuel Pelarda.
En este sentido, el sindicato insterpuso ayer una denuncia
contra los administradores concursales de la empresa con la que
piden a la Inspección de Trabajo que actúe.
Por un lado, el sindicato advierte que los trabajadores de la
fábrica de Llucmajor no han cobrado los sueldos correspondientes al
mes de febrero, mientras que las plantillas de los dos centros de
producción ubicados en Inca sí lo han hecho. Una circunstancia que
los representantes de los trabajadores creen es premeditada ya que
los administradores concursales han solicitado recientemente al
juez de lo Mercantil el cierre del centro productivo de Llucmajor y
deoutlet ubicado en este municipio.
UGT ha puesto también en conocimiento del fiscal la
subcontratación de trabajos por parte de Yanko a otra empresa,
Bercisa SA, para fabricar un pedido de 250 pares de zapatos
encargados por la marca Vitorio y Luchino. UGT cree que esta
subcontrata es ilegal al haberse realizado enmedio del concurso y
del expediente de regulación de empleo y sin informar en ningún
momento a los representantes de los trabajadores.
Además de esta denuncia, UGT también ha presentado ante el
Juzgado de lo Mercantil cinco alegaciones a las decisiones
adoptadas por los administradores concursales. UGT argumenta que no
tiene sentido plantear ahora la extinción de la empresa cuando hace
un mes se hablaba sólo de suspensión de pagos. Cabe recordar, en
este sentido, que recientemente los administradores concursales de
la empresa de calzado han propuesto al juez el despido de 123
trabajadores para reducir la plantilla a un total de 50
trabajadores que estarían ubicados en uno de los centros de Inca.
Los administadores aducen que las pérdidas acumuladas por la
empresa superan los 5.063.388 euros.
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