Maria Nadal12/09/06 0:00
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El Grup d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) presentó ayer un nuevo recurso en contra de la construcción de cuatro chalets adosados en la entrada dellogaret de Ruberts, en el municipio de Sencelles. En el recurso presentado, los ecologistas explican que «las parcelas no tienen la condición de solar porque no disponen de los servicios urbanísticos mínimos. Los terrenos en los que se ha autorizado la construcción son suelo rústico porque ni las Normas Subsidiarias de 1995 ni las aprobadas inicialmente en 1998 dan cobertura legal a la consideración de las parcelas como suelo urbano y como solares edificables. Además, no tienen ningún informe jurídico». Por todas estas razones, el GOB solicita la anulación de las licencias concedidas.

Este recurso se presenta después de que varias semanas atrás se empezara con las obras de excavación para la construcción de cuatro adosados en el pequeño núcleo de Ruberts, lo que significa un gran impacto y ha provocado una notable oposición popular. Sobre este tema, el alcalde de la localidad, Antoni Ferrer (PP), dijo ayer que si desde el GOB se han decidido a tirar el caso por la vía judicial «nosotros también lo pondremos en manos de nuestros abogados», aunque quiso dejar claro que «todos los informes dados desde el Ajuntament como pueden ser el del secretario o el del arquitecto son favorables a la construcción de estos chalets adosados». Aún así, Ferrer dijo que hay que dejar constancia de que «yo no he dado ninguna licencia para construir en Ruberts, sino que la licencia se dio durante la pasada legislatura en el año 2000».

La Asociación de Vecinos de Ruberts, constituida en el año 2000, también presentó un recurso de alzada contra la otorgación de la licencia para la construcción de estos adosados hace unas dos semanas. Cabe recordar que la asociación surgió después de que se anunciara en el año 2000 la concesión de una licencia para construir 13 nuevos adosados. Los vecinos se movilizaron en contra de la construcción masiva que hubiese incrementado en un 50% las viviendas del núcleo urbano. Por el momento, estas licencias están paralizadas a la espera de una sentencia firme del Tribunal Superior por el contencioso administrativo que interpusieron los vecinos en contra del proyecto.