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GUILLEM MAS
La Delegación de Gobierno ya investigó la creación de la plaza de funcionario de carrera del celador municipal Sebastià Escalas en 2001, cuando la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer (PP), era la responsable. La institución actuó a raíz de una denuncia presentada por los regidores socialistas del Ajuntament de ses Salines, ante las presuntas irregularidades en el proceso de funcionarización del celador Escalas. Los regidores argumentaron incongruencias en el grupo adscrito del celador, que pasaba del grupo E al D indistintamente en el BOE y en el BOIB, tal y como ya informó Ultima Horael pasado 27 de agosto que desveló también que el celador accedió a la plaza de funcionario de carrera sin tener estudios.

Ante el requerimiento de la Delegación de Gobierno, el ex alcalde Antoni Caldentey (UM), argumentó que se trataba de «un error al señalar que plaza es del grupo E cuando realmente es del grupo D», añadiendo que estas deficiencias ya estaban subsanadas, cuando en realidad el celador aún sigue cobrando como funcionario del grupo E. El hecho de que el celador Escalas accediera a la plaza de funcionario sin tener estudios ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción por orden judicial del fiscal Joan Carrau.

El pasado 15 de septiembre, un policía judicial se personó en el colegio público de ses Salines para fotocopiar el registro de titulaciones académicas donde figura Escalas. La Fiscalía intenta demostrar que el certificado de estudios que aportó Escalas seis años después de conseguir la plaza de funcionario, no acredita ninguna titulación. Lo cierto es que en 1958, los estudiantes «aptos» tuvieron que realizar diferentes cursos de formación para poder conseguir el certificado de estudios primarios que no ostenta Escalas. Recordar que Escalas también está imputado en relación a la trama urbanística del «Caso ses Salines» al emitir un certificado falso de antigüedad de la casa ilegal del ex alcalde Vidal en suelo rústico. Vidal le aumentó el sueldo meses antes del escándalo.