Los acusados enmudecen

A las seis y media de la tarde de ayer los abogados Rafael Perera, Fernando Mateas y Miquel Capellà se personaron en el acuartelamiento de la calle Manuel Azaña. Se identificaron en el control de la entrada, saludaron a los numerosos periodistas que los esperaban, y bajaron a las oficinas de la Policía Judicial, donde fueron recibidos por un mando. A continuación, pudieron reunirse con Hidalgo, Gibert y Massot, sus defendidos respectivamente. La Guardia Civil pretendía tomar declaración ayer a los tres acusados, pero ninguno de ellos quiso declarar y el trámite se suspendió. Se trata de un derecho constitucional, el de no declarar, y es previsible que sí lo hagan el jueves, cuando les interrogue el juez Àlvaro de la Torre.

Los abogados defensores confían en que sean puestos en libertad, quizás bajo fianza y con cargos, pero para los investigadores está claro que los siete delitos que se les imputan están acreditados. Prevaricación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, asociación ilícita y negociaciones prohibidas para funcionarios son los cargos que pesan sobre Hidalgo, Massot y Gibert. En cualquier caso, la Policía Judicial no ha encontrado pruebas de que las arcas municipales hayan sido vaciadas por el trío, y de hecho no hay constancia de un fraude directo al consistorio. En realidad, el supuesto negocio lo hacían con las comisiones y las licencias urbanísticas aprobadas sobre bases falsas. Gibert, en ese sentido, tenía un papel clave como celador de Urbanismo y quién daba el visto bueno final era Hidalgo, el alcalde. Luego un arquitecto «de confianza» llevaba a cabo muchos de los proyectos.