«Disfrazaron la procedencia del dinero con el entramado societario»

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Alvaro Latorre, describe en diez folios el método empleado por los imputados en la Operación Voramar, entre ellos el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el ex director de Ordenació del Territori, Jaume Massot, y el celador municipal, Jaume Gibert, para cometer los supuestos delitos contra la ordenación del territorio, asociación ilícita, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de dinero. Ese auto acuerda la entrada y registro en el Ajuntament d'Andratx y en domicilios y despachos de los imputados.

«Debe ampliarse la investigación a este delito. En efecto, los incrementos de renta no justificados ni declarados pueden suponer una elusión de pago de cuota tributaria en renta que pudiera ser delictiva. Es unánime la jurisprudencia sobre el tratamiento tributario de rentas delictivas y la posible comisión del delito contra Hacienda, además de otros delitos como malversación o blanqueo, (es paradigmático el llamado 'caso Roldán')». «El caso que se considera se relaciona con la investigación de graves delitos capaz de lesionar bienes jurídicos de especial relevancia, como son el blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos e incluso delitos contra la Hacienda Pública que, además por propia naturaleza, han podido ser cometidos por autoridades y funcionarios públicos, con la merma del prestigio de las instituciones públicas que ello conlleva». «Porque, en efecto, existen indicios serios de que hay certificaciones falsas que determinan el suelo con calificación de ARIP cuando en realidad es ANEI, así como certificaciones de construcciones existentes en esos terrenos que no se corresponden con las fotografías incorporadas a la causa, extremos que, en principio, no es asumible que provengan únicamente de los técnicos del Ayuntamiento, dada la frecuencia con que este fenómeno se produce como por la escasa dificultad técnica a la hora de certificar la adecuada clasificación de un terreno según la normativa aplicable y construcciones que persistan en el mismo».