01/12/06 0:00
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J.R.
El PSOE de Calvià ha denunciado un nuevo caso de reconversión de apartamentos turísticos en viviendas de uso residencial, «algo que hoy por hoy en Calvià es del todo ilegal». Se trata de los apartamentos Carolina Park de Santa Ponça, una oferta turística que según indican los socialistas en la web del Ajuntament está calificada con -dos llaves-. Denuncian que aparecen en forma de anuncios publicitarios en medios de comunicación, todos los apartamentos del complejo en venta como residenciales. Antoni Manchado, candidato socialista al Ajuntament de Calvià, acusa a Delgado y al concejal de urbanismo, Alberto León, de hacer «la vista gorda» y «no perseguir esta clase de irregularidades, en una demostración más de las intenciones del equipo de gobierno del PP de permitir la reconversión de hoteles en apartamentos residenciales».

Indican que se trata del segundo caso conocido de reconversión ilegal de apartamentos turísticos en residenciales en solo un año en el municipio de Calvià. Primero fueron los apartamentos turísticos «ParaSol» también en Santa Ponça. El candidato socialista indicó que «aunque en el PP de Calvià estén de acuerdo en la reconversión de hoteles y apartamentos, es ilegal, les guste o no, por lo tanto deben paralizar éste y todos los cambios de uso en el municipio». La adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al Plan Territorial de Mallorca (PTM), aprobada inicialmente el pasado 25 de mayo por el pleno municipal, incluye la posibilidad de reconvertir establecimientos hoteleros en apartamentos residenciales en las llamadas áreas de Reconversión Territorial, una figura marcada por el PTM que abarca las principales zonas turísticas del municipio: Palmanova y Magaluf.

El PSOE de Calvià puso en marcha el pasado verano una intensa campaña contra la reconversión de hoteles en apartamentos, una posibilidad que los socialistas califican de «ruina» para el sector turístico. Por su parte, el equipo de gobierno que preside el popular Carlos Delgado, siempre ha negado que sea intención del Ajuntament permitir el cambio de uso de la oferta hotelera pero no recogió las alegaciones presentadas por el PSOE en el sentido de suprimir de la normativa urbanística la posibilidad de hacerlo. Para contrarrestar la campaña emprendida por los socialistas el Ajuntament abrió, a bombo y platillo, un expediente sancionador «ejemplar» contra una empresa dueña de un apartotel de Magaluf que empezó a vender viviendas para uso residencial mediante contratos privados. Una práctica irregular que vulneraría la normativa de uso urbanístico -las plazas son turísticas y no residenciales- y que conlleva sanciones económicas.