Los primeros pasos para la construcción del campo de golf se dieron en 1990 a cargo de la empresa Falcón Ranch SA. Cuatro años después se puso al frente la actual empresa y, hasta que el 28 de julio pasado se le concedió la declaración de interés general para la construcción un golf y la oferta complementaria, ha habido una larga sucesión de acontecimientos.
El proyecto prevé la creación de un campo de golf de 18 hoyos con un hotel de cuatro o cinco estrellas de 148 plazas junto a un aparthotel con 247 plazas. Tendrá un total de 395 plazas con piscinas y con diferentes pistas de tenis.
Pau Bonet señaló que al final la inversión rondará los 17 millones de euros y ocupará unos 765.000 metros cuadrados de los 2.600.000 metros cuadrados que tiene la finca.
El Ajuntament de Campos es uno de los beneficiados, hasta ahora, de todo este proceso. El pleno del Ajuntament en el mes de julio de 1994 declaró el interés social para la oferta complementaria del golf y en 1996 el pleno también dio el beneplácito a la utilización de las aguas de la depuradora para el riego del campo.
Pero antes, la empresa Camp de Golf de son Baco SA había cedido los terrenos de la depuradora gratuitamente al Ajuntament a través de un convenio donde también se incluían tres pagos que sumaban unos 100 millones de las antiguas pesetas para hacer las canalizaciones de las aguas en el municipio de Campos. Además la empresa también hizo un pago a cuenta al Ajuntament de unos 12 millones de pesetas por la licencia de obras que entonces tenían un valor total de 28 millones de pesetas. Es por estos motivos y por el hecho que la construcción del golf tiene todos los permisos que Bonet manifiesta con toda seguridad que el golf se construirá.
Desde sus inicios el proyecto del campo de golf de Son Baco ha estado envuelto en polémica. Organizaciones ecologistas como el GOB o partidos políticos de izquierdas se han opuesto a su ejecución por motivos medioambientales y de ordenación del territorio. Así, el GOB presentó un recurso contra la aprobación definitiva del proyecto por parte del Consell de Mallorca que fue desestimado por la administración insular. Los ecologistas defendían que el proyecto se ubica en suelo rústico y una parte del mismo es forestal. En cuanto a las consideraciones jurídicas, el GOB señaló la «prohibición de crear nuevos núcleos de población separados de los existentes tal y como dictan las DOT». En este sentido, aducían que la oferta turística esconde la creación de «un nuevo núcleo de población».
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