09/08/07 0:00
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E.BALLESTERO Los once propietarios de las viviendas conocidas como ses Illetes de la Plaça Major de Pollença llevan setenta años pendientes de una decisión política. Desde 1936, está prohibido realizar cualquier tipo de obra en la zona porque los diferentes consistorios, por los que han pasado prácticamente todos los partidos políticos, han hecho y desecho planes para estas casas con la intención de reordenar la Plaça Major. Durante todos estos años de inactividad, las viviendas se han ido deteriorando convirtiéndose en un punto negro del urbanismo en Pollença.

Harto de esperar una solución, Rafel Morro, propietario de una de las casas de ses Illetes colgó en plena campaña electoral una pancarta de protesta en plena Plaça Major. «Illetes de la Plaça, 70 anys d'injustícia». Hoy sigue esperando una solución.

Se da la circunstancia de que precisamente ahora los responsables del urbanismo municipal tienen claro cuál ha de ser el futuro de ses Illetes. Hace dos legislaturas, cuando el actual alcalde Joan Cerdà (UM-UNPI) se puso al frente del área de Urbanismo, quiso dar prioridad a este problema junto con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

La primera decisión política fue entonces la de mantener la estructura de propiedad original de las casas descartando su derribo y sustitución por un gran bloque de viviendas de planta baja y tres alturas, tal y como proponía el gobierno anterior. Durante la legislatura 2003-2007, se aprobó finalmente la modificación puntual de la normativa urbanística que tanto esperaban los vecinos y que les permite rehabilitar sus viviendas pero todavía quedó colgado un fleco.

Una vez los propietarios se dispusieron a presentar distintos proyectos de obra, se dieron cuenta de que en ses Illetes solo se permite el uso de vivienda y taller artesanal, no así el uso comercial, como ocurre en el resto del casco antiguo. Por eso, solicitaron inmediatamente un nuevo cambio de usos que ya ha sido aprobado provisionalmente por el Ajuntament, pero que aún requiere el visto bueno del Consell de Mallorca.