La Comisión Europea ha respaldado el acuerdo que firmaron en 2005 el Ministerio de Medio Ambiente y del Govern de les Illes para construir una planta desalinizadora en Alcudia y consideró válidos los estudios de impacto medioambiental que se han realizado ante este proyecto que, en su opinión, no viola las directivas comunitarias sobre ecosistemas.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, respondió así al eurodiputado de ERC, Bernat Joan i Marí, que en una pregunta parlamentaria enumeró los posibles perjuicios que esta desaladora tendría para la fauna y la flora de la zona.
Según Joan i Marí, el proyecto tendrá «repercusiones extremadamente serias para el medio ambiente», entre ellas que «se han talado 7.000 metros cuadrados de bosques de robles y pinos y se han vertido toneladas de tierra y piedras en el pantano de Maristany».
En su opinión, el proyecto «incrementará el precio del agua, los costes de la energía y las emisiones de CO2» y afectará a zonas protegidas por la legislación comunitaria como la Bahía de Alcudia, el parque nacional de S'Albufera y otros territorios que están protegidos por las directivas de hábitats y de aves.
Frente a estas advertencias, Dimas respaldó un proyecto para el que Bruselas aprobó en diciembre de 2005 una ayuda financiera de 12.882.956 euros del Fondo de Cohesión y afirmó que «las autoridades españolas, de acuerdo con la ley española, han hecho un completo estudio de impacto medioambiental».
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