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MARTA MEDRANO El pleno celebrado ayer en Inca aprobó la subida de diferentes tasas municipales, que costarán un 6'3% más en 2008. La cifra se corresponde con la subida del IPC de los últimos dos años y originó un debate que se prolongó durante horas. Uno de los asuntos que se llevó más críticas fueron el paquete de nuevas medidas fiscales introducido por el concejal de Hacienda, Lluís Ferrari. El portavoz del PSOE, Xavier Ramis, llegó a decir que la bonificación de un 75% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Construcciones (ICO) a las víctimas de violencia de género era «ilegal». El concejal del Bloc, Antoni Rodríguez, aseguró que las medidas daban la impresión de haberse realizado de forma improvisada y las calificó de «tomadura de pelo». «Da la impresión de que simplemente se ha querido tapar una subida de impuestos», dijo. Desde Independents d'Inca, Àngel García, acusó al PP de «perseguir un titular» y de ejercer una «piratería intelectual con una propuesta de la oposición». «Su reacción cuando han visto que presentábamos una moción para reducir un 5% el IBI a los contribuyentes que adelantaran el pago de este impuesto ha sido copiarnos», dijo Àngel García, que lamentó que la medida aprobada por el PP limite el descuento a 50 euros.

El pleno aprobó ayer asimismo una modificación de crédito de 968.000 euros que sobraron en las cuentas de 2006 y que se destinarán a pagar nóminas de funcionarios y gastos de electricidad y agua no previstos. Ferrari quitó hierro a este asunto y aseguró que se trata de una medida «legal y habitual que no tiene nada que ver con la deuda del Consistorio». «Con este dinero afrontamos pagos que no pueden esperar», manifestó.

La oposición, sin embargo, lamentó la «imprevisión económica». Rodríguez aseguró que con este dinero se «tapaban agujeros fruto de un año electoral y de unas cuentas mal hechas» y vaticinó una cifra de facturas no previstas en el presupuesto escandalosa. García advirtió del «enorme descontrol» económico del Consistorio y Ramis pidió al PP «presupuestos reales». El alcalde, Pere Rotger, asumió las críticas. «Miraremos de cerrar el grifo en próximos ejercicios», sentenció.