Una de las causas más antiguas de las abiertas contra Margarita Nájera, que se investigaba desde 2002, fue resuelta por la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Palma, Ana Sanjosé, con un auto de archivo y sobreseimiento provisional. La magistrada no halló indicios de la comisión de ninguno de los tres supuestos delitos que el Partido Popular y el alcalde de Calvià, Carlos Delgado, imputaban a la actual portavoz del Govern: prevaricación, falsedad documental y malversación o defraudación de fondos públicos.
Además de la dirigente socialistas, estaban imputados el representante de la empresa Estrategia Local, Albert Caldero, Javier Bustamente Moreno, Manuel Suárez Salvà y Antonio Manchado Lozano.
El caso fue abierto por el PP y Carlos Delgado por la decisión de Nájera de concertar con la empresa Estrategia Local S.L. con sede en Barcelona, una serie de contratos para la prestación de servicios, asistencias y asesoramientos, en los que, según los querellantes, se habrían defraudado 1'5 millones de euros. Según los querellantes, se habría realizado una tramitación arbitraria al no haberse respetado aspectos esenciales del procedimiento legal, y que, arbitrarias, son en su fondo, «todas las resoluciones administrativas aprobatorias de tales contratos realizados con fines defraudatorios, desconociéndose el destino último de esos fondos públicos tras su ingreso en el patrimonio de los contratistas querellados», según la acusación, que incluso había solicitado que la causa fuese trasladada al TSJB por la condición de aforada de Nájera.
Tras rechazar esa petición, la juez señala en su auto, con respecto al supuesto delito de prevaricación que, «las irregularidades indicadas por la parte querellante, una vez examinados los expedientes de contratación, no aparece que tengan el carácter de graves, y menos aún que dicha contratación administrativa haya sido ilegal».
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