La acusación popular en el 'caso caballistas', ejercida por Jaime Melis, ha presentado en el Juzgado de Instrucción 8 de Palma un escrito solicitando 126 años de cárcel para los once dirigentes del PP imputados en una causa que investiga la emisión en 2005 por parte de alcaldes o tenientes alcaldes del Partido Popular de supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico del ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, con el argumento de que era un club hípico. De esos 126 años de prisión, la acusación pide 66 para Vidal, 60 de ellos como inductor de diez delitos de falsedad en documento oficial, y otros 6 como autor de un delito de falsedad en documento oficial.
Los otros imputados son: Sebastià Escalas, Miquel Vidal, Joan C. Jaume Mulet, Joan Jaume Ramis, Catalina Soler, Antoni Serra, Joan Rubert, Antonio del Olmo, Joan Rotger y Gabriel Matas, Andreu Prohens y Sebastià Portell. Para estos dos últimos, la acusación pide 2 años de suspensión como autores de sendos delitos de falsedad. En estos casos, quien ejercita la acción popular tiene plena legitimidad para solicitar la apertura del juicio oral, aún sin el apoyo del Ministerio Fiscal. Y, obviamente, el órgano instructor puede decretar la apertura del juicio oral con la mera petición de quien ejercita la acción popular.
El juez instructor del 'caso caballistas' debe decidir si admite la petición del Ministerio Fiscal de que se inhiba para que pase al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), dada la condición de aforada de Catalina Soler, alcaldesa de Felanitx y diputada en el Parlament.
El escrito de acusación señala que Sebastià Vidal, «siendo alcalde del Ajuntament de ses Salines urdió una trama con el fin de legalizar dos edificaciones alzadas ilegalmente sobre parcelas de su propiedad situadas en ese municipio».
«La trama en cuestión -añade- consistió en promover la tramitación por parte de la Agrupació Cavallista de ses Salines, de un expediente solicitando la declaración de interés general con el fin de, por una parte legalizar las edificaciones (ilegalizables por otra vía) alzadas en la finca propiedad del acusado, y por otra parte, dar apariencia de club social hípico, a lo que realmente era una vivienda unifamiliar ya edificada de forma ilegal». Precisa que «en desarrollo de la fraudulenta trama idea, el acusado Sebastià Escalas, ejerciendo sus funciones como celador del Ajuntament de ses Salines emite el 4 de enero de 2005, a petición del acusado Sebastià Vidal pero apareciendo como formal peticionaria Catalina Bonet Vicens, madre de Sebastià Vidal, quien presenta un escrito al registro del Ajuntament el mismo día 4 de enero de 2005 un informe de antigüedad referido a una única edificación (cuando la realidad física del terreno presentaba dos edificaciones) alzada en la parcela de referencia aseverando que 'la antigüedad de la mencionada edificación puede estimarse en más de 26 años». Sobre esta cuestión, el escrito subraya que dicha afirmación fue desmentida por los servicios técnicos del Consell de Mallorca.
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