Narbona decreta que los mallorquines no tienen legitimidad para defender el litoral

El escrito, que firma la subsecretaria Concepción Torquero por delegación expresa de la propia ministra, decreta que los recursos planteados son «inadmisibles» porque «ninguno (de los demandantes) tiene derecho alguno que pudiera resultar afectado por la propia resolución, circunstancia que ni siquiera se hace constar por los recurrentes salvo la mera alusión al libre disfrute de los bienes públicos demaniales, en concreto del dominio público marítimo-terrestre y el derecho de tránsito por la costa, derechos todos ellos que de forma genérica ostenta todo ciudadano pero que no por ello les convierte en interesados en todo procedimiento referido a tales bienes». La resolución insiste, además, en que «ninguno de los interesados se personó en el procedimiento». El gabinete de la ministra socialista evita así tener que manifestarse sobre lo que pedían los recurrentes: la declaración de nulidad de pleno derecho de la orden ministerial de enero de 2001, por la que Jaume Matas autorizaba la piscina a pesar de que había informes técnicos en contra porque colisionaba con la Ley de Costas.

Pese a que han transcurrido siete años, el Ministerio de Medio Ambiente aún no ha publicado la concesión ni las resoluciones en el BOE, tal como le exige la Ley. La autorización que convierte a Pedro J. Ramírez en gestor de piscinas públicas expira en el año 2016.

En total fueron 32 los recursos que se presentaron en el Ministerio contra la privatización. Entre ellos figuran los de Biel Barceló, en representación de PSM-Entesa Nacionalista; Josep Palou (Lobby); Conxi Peña (Entesa); Joan Prunés (El elinmundo.es); Joaquín Rabasco (ASI), y otros de particulares.

El Ministerio da por liquidada la vía administrativa y remite a los recurrentes a los juzgados de lo contencioso.