Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes deben responder hoy al Departament de Territori del Consell de Mallorca si se acogen a una de las dos propuestas que presentó por escrito esta institución el pasado 13 de febrero en relación a la asistencia y cooperación necesarias para la protección de la legalidad urbanística. Así, los ayuntamientos que lo hayan decidido podrán acogerse a uno de los dos modelos de convenio de encomienda de gestión.
La primera de las propuestas del Departament de Territori consiste en ofrecer al ayuntamiento un encargo de gestión en función del cual, el Consell se encargaría de llevar a cabo la función inspectora en el ámbito de los suelos rústicos de ese municipio en concreto. En este supuesto el Consell, a través del Servei de Disciplina Urbanística, Habilitat i Litoral del Departament de Territori, se encargaría de las inspecciones en materia de disciplina urbanística en suelo rústico.
El segundo modelo, además de delegar en el Consell la función inspectora en suelo rústico, le otorga también capacidad para instruir los procedimientos sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística que tengan que incoarse a consecuencia de la constatación, a través de las concretas actas de inspección, edificación y uso del suelo presuntamente constitutivos de infracción urbanística.
Con estas propuestas, desde el Consell quieren ofrecer su ayuda a los municipios más pequeños, en los que aumenta la presión constructora sobre suelo rústico. Además, desde el Consell reconocen que en estos municipios la falta de recursos y la proximidad de los responsables políticos con los infractores dificultan la aplicación de las medidas disciplinarias.
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