23/02/08 0:00
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LAURA MOYÀ Doce municipios de menos de 5.000 habitantes de Mallorca han aceptado ceder competencias al Consell en materia de urbanismo. Además, la institución insular está estudiando crear la 'Agència de protecció de la legalitat urbanística', un organismo autónomo que se encargaría de todo el proceso, desde la inspección y detección de las infracciones urbanísticas hasta la demolición de las obras ilegales, y al que podrían adherirse los 52 municipios de la Isla, todos menos Palma.

De momento, y mientras se concreta esta posibilidad, la institución insular firmará en breve los primeros convenios con los doce municipios. Escorca, Sencelles y Consell han aceptado delegar al Consell la función de inspección de las irregularidades en suelo rústico.

Por su parte, Banyalbufar, Búger, Campanet, Esporles, Lloret, Sant Joan, Puigpunyent, ses Salines y Valldemossa han cedido, además de la inspección, la instrucción de los procedimientos sancionadores. Escorca es el único del PP que se ha adherido a la iniciativa, aunque desde el Consell no confían en que firme el convenio ya que, con toda probabilidad, terminará pidiendo la creación de un consorcio, como exigen el resto de localidades populares.

Precisamente, los siete municipios de menos de 5.000 habitantes que no han contestado a la institución insular son los que pertenecen a la Associació Municipis de les Illes Balears, que piden la puesta en marcha de un consorcio que gestione el urbanismo de la Isla.

Maria Lluïsa Dubon, consellera insular de Territori, afirmó no estar «en contra del consorcio». Sin embargo, para Dubon esta figura implicaría «una duplicidad de funciones». De ahí que el Consell sea más partidario de una agencia, un órgano independiente con un presupuesto y una personalidad jurídica propios. De entrada, «el eje articulador sería el personal del Consell, aunque se iría ampliando con personal especializado». El presupuesto dependería de los consistorios y la institución insular, aunque se prevé que pueda llegar a autogestionarse a través de las sanciones que se imponen por indisciplina urbanística.