El GOB y el grupo municipal de Alternativa Esquerra Unida-Els Verds interpusieron el lunes un contencioso contra los acuerdos municipales que han concedido cuatro licencias urbanísticas que suponen la construcción de 32 viviendas y 3 piscinas en Cala Molins, junto al torrente de Can Botana, en el término municipal de Pollença. Tanto el GOB como EU creen que las licencias incumplen la normativa urbanística, «ya que los solares carecen de servicios preceptivos».
Además, en el contencioso impugnan el acuerdo del pleno del Ajuntament de Pollença del 1 de diciembre de 2005, que aprobó el proyecto de dotación de servicios y reparcelación ya que creen que «se ha realizado de manera incorrecta».
En ocasiones anteriores, EU y el GOB han acusado al arquitecto municipal «de haber acelerado la dotación de servicios de la zona para avanzarse a la entrada en vigor de la nueva normativa municipal», por lo que han solicitado que se le abra un expediente disciplinario.
El Ajuntament otorgó las licencias a finales de la pasada legislatura, basándose en informes técnicos y en la presente legislatura, el actual equipo de gobierno ordenó la revisión de las licencias por un técnico independiente que coincidió con los informes anteriores en los que se dice que las licencias se han dado de manera correcta.
La nueva normativa urbanística, que reconoce la necesidad de preservar esta zona y que sustituye la construcción de plurifamiliares que preveía la normativa aprobada el 1990 por la construcción de viviendas aisladas, todavía no ha entrado en vigor, de manera que este hecho ha facilitado que algunos promotores hayan solicitado, anticipándose al cambio, cuatro licencias de obras para construir 32 pisos.
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