El Ajuntament de Puigpunyent debatió en el transcurso del último Pleno una moción presentada por el PP, tras conocer éstos que el equipo de gobierno PSOE-Independents había puesto fin al expediente sancionador de Son Balaguer. El Ajuntament impuso a los infractores una sanción económica de poco más de cinco mil euros.
En la moción se critica al equipo de gobierno por haber decidido por su cuenta que esta cuantía deba de pagarse de manera solidaria entre los constructores, la dirección facultativa y la propiedad, en lugar de que lo hagan de manera individualizada, tal como indicaba el arquitecto municipal en su informe. Según el portavoz popular, Antonio Deudero, «la sanción es ridícula porque se ha valorado sobre la base del cinco por ciento de lo que resultaría derribar el inmueble y no sobre el valor de lo que supondría reconstruirlo o el valor que tenía antes del derribo». En este caso, añade, la cuantía de la sanción sería mucho más elevada. Además, se exige que Son Balaguer reciba el grado de protección que le corresponde e insta al alcalde para que modifique de oficio el expediente sancionador por ser perjudicial para el interés general.
Por su parte, el alcalde Joan Ferrá, afirmó que cuando en su día sucedieron los hechos se solicitó ayuda al anterior gobierno del Consell, «pero se lavaron las manos y nos dijeron que era un problema de competencia municipal». Mientras que el edil, Miquel Ramón, matizó que «el valor real de Son Balaguer no está en la possessió en sí, sino en el conjunto de la finca». El alcalde anunció que la propiedad ha donado la tafona al pueblo, que dos caminos tienen ahora derecho de paso público y que, desde siempre, se ha buscado en este asunto la unanimidad de todas las partes implicadas. Finalmente, la moción fue rechazada con los siete votos favorables del equipo de gobierno frente a los dos del PP en la oposición.
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