La 'Ley Carbonero', que prevé construir viviendas de protección oficial en áreas de reconversión, es decir, en suelo rústico ha creado polémica entre los alcaldes de la Part Forana. La medida ha cogido por sorpresa a aquellos alcaldes cuyos municipios tendrán viviendas en suelo rústico este mandato: Manacor, Calvià, Inca, Maratxí, Llucmajor, cuyos alcaldes lamentan no haber sido consultados.
En lo que coinciden casi todos los primeros ediles es en criticar la «improvisación» y la «falta de consenso» del Govern en esta materia, a la vez que reclaman que las nuevas viviendas vengan reguladas en los planeamientos municipales.
Uno de los afectados el alcalde de Inca Pere Rotger considera «innecesaria» la ley ya que considera que «si se aprueba el Plan General ya tendremos suelo urbano suficiente para construir VPO». En una línea similar, los alcaldes de Llucmajor y Marratxí, Lluc Tomás y José Ramón Bauzá, aspiran a que se complete el suelo urbanizable. Bauzá además defiende que son los ayuntamientos quienes conocen mejor cuáles son las necesidades de vivienda en los municipios y advierte del riesgo de que este proyecto genere guetos. Otro de los argumentos comunes de los alcaldes es la petición de que se agote el Plan Territorial de Mallorca.
El alcalde de Campanet, Francesc Morell, a pesar de que la medida no les afecta considera que «hay que tomar medidas para abaratar la vivienda aunque es preferible que se compre suelo en urbano». Por su parte el alcalde de Pollença Joan Cerdà cree que «la ley vulnera las competencias de los ayuntamientos».
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