La caja fuerte de la sección de contabilidad del Ajuntament de ses Salines ha guardado, durante un año, un documento que revela un sospechoso acuerdo entre el anterior pacto de gobierno PP-UM-SU y los funcionarios que no forman parte de la Policía Local.
El acuerdo explica que los miembros del anterior equipo de gobierno cedieron al 'chantaje' de los funcionarios que exigían un aumento salarial de 170 euros mensuales brutos, como se aceptó en su momento a los policías locales, dando dos años de margen para que se cumplieran. Mientras no fuera posible, los funcionarios gozarían de 10 días libres hábiles de libre elección más.
El escrito, redactado el 5 de marzo de 2007 cuando faltaban dos meses y medio para las elecciones municipales, está firmado por la ex alcaldesa Maria Bonet (PP) y los regidores Antoni Caldentey (UM), Joan Bauzà (SU), Joan Salvà (UM), José Cruz (SU), Rafel Serra (PP) y Antoni Vicens (PP) como representantes políticos.
Por parte de los funcionarios aparecen las rúbricas de Margalida Obrador, como delegada sindical, Joan Burguera y Aina Maria Miralles, como los funcionarios con más antigüedad. De manera verbal, también dieron el visto bueno los entonces candidatos a la Alcaldía, Antoni Bonet (SU) y Bartomeu Lladonet (UM).
En el acuerdo, queda muy claro que formado el nuevo equipo de gobierno "suponiendo que se repetiría el anterior pacto", los funcionarios se comprometen a «proponer al equipo de gobierno las mejores fórmulas para hacer efectiva esta subida utilizando la de menor riesgo legal y contraprestación pueda tener».
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