Los tres acusados, en el banquillo, durante la tercera sesión del juicio. Fotos CHRISTIÁN CASTRO

TW
0

La incorporación a la tribuna de los testigos de Antònia Suñer era una de las comparecencias más esperadas del proceso seguido en la Audiencia de Palma contra Joaquín Rabasco, María del Amor Aldao y Lluc Tomás, desde que el pasado lunes el fiscal reclamó interrogarla también -y según el procedimiento antes que las defensas-, para apuntalar su tesis de negociación prohibida y cohecho en la contratación de artistas y suministros festivos durante los años 2000 a 2002.

Cuestión de urgencia
En sus respuestas al amplio interrogatorio llevado a cabo ayer por el fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, la que era edil de Fiestas de Llucmajor durante los hechos enjuiciados explicó que «era normal resolver algunas de las contrataciones artísticas para los muchos núcleos de población del municipio con carácter de urgencia, ya que lo importante es dar satisfacción a las asociaciones de ciudadanos, que con frecuencia demandaban más actuaciones y habían de ampliarse los programas».

En ese sentido Suñer declaró que «nada hubo de especial» en los procedimientos administrativos de las fiestas patronales veraniegas de Llucmajor de 2001, cuando se llevaron a cabo desde el día 7 de agosto contrataciones de artistas que debían comparecer apenas una semana después sobre el escenario.

También negó Suñer que hubiera algo deshonesto o fuera de lo que considera «estricto cumplimiento de la legalidad» cuando desde su concejalía de Fiestas se reclamaba vía fax a tres empresas -una de ellas una inmobiliaria, según la documentación del fiscal-, para que presentaran sus propuestas de actuaciones artísticas en apenas 23 horas.

«Desde mi negociado -dijo la testigo-, se hicieron siempre las cosas de la mejor manera posible, y reconociendo que tendríamos que haber sido más previsores en cuanto a las fechas fijas de los eventos festivos, debo decir que el elevado número de responsabilidades que yo tenía asumidas en el Ajuntament de Llucmajor, y a veces incluso las vacaciones de los funcionarios, llevaban a resolver las cosas por vía de urgencia, aunque siempre conforme a la normativa vigente».

Respecto a las contrataciones de artistas con empresas lideradas por la imputada María del Amor Aldao, la ex edil de Fiestas de Llucmajor señaló que en su responsabilidad municipal, «estaba en la obligación de llegar a acuerdos con mercantiles que tenían la exclusividad en fechas de los artistas que entendía que convenía incorporar a los programas festivos, de manera que no puedo ir a comprar carne a la panadería sino que habré de hacerlo en la carnicería».

A preguntas de su abogado defensor, Antònia Suñer afirmó que habitualmente la concejalía de Fiestas de Llucmajor de la que ella era responsable entre 1999 y 2003 había solicitado sus carteras de artistas, disposición de fechas para actuar y sus presupuestos de contratación de espectáculos «no sólo a tres empresas distintas como prevé la normativa sino incluso a 17 mercantiles dedicadas a esos menesteres».

También indicó Suñer que durante los años a los que se refiere el proceso judicial en curso el Ajuntament había contratado actuaciones artísticas y suministros «con otras muchas empresas del sector, aparte de las que representaba la señora Aldao».