Algunos adjudicatarios de las viviendas de protección oficial han anunciado que demandarán al Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) si vuelve a iniciar el proceso de concesión de las seis viviendas sociales. Como ya se informó, la opción de compra de las viviendas había vencido porque ningún banco no les ha otorgado préstamos. Además por el régimen de las viviendas (concertado), no tenían acceso a ayudas públicas.
La gerente del Ibavi, Catalina Cladera, informó ayer a los afectados del cambio de régimen de las viviendas de forma que pasarán a costar de 230.000 a unos 174.000 euros con las subvenciones incluidas. Sin embargo, sólo a los más jóvenes les han garantizado que las viviendas se las puedan adjudicar de nuevo a ellos. Alfonso Oliver, uno de los afectados, se queja porque ahora podrán optar a las viviendas también vecinos de Valldemossa, Sóller y Fornalutx, lo que resta posibilidades de acceder de nuevo a la vivienda. Por ello, quiere que sea el juez el que decida en este asunto. «Nos han intentado convencer de no poner las demandas, pero no sabemos qué intereses hay», afirma.
Las obras de las viviendas protegidas, según aseguró Cladera, han costado a las arcas públicas un millón de euros.
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