Siete años después de su inauguración, el teatro de Na Batlessa de Artà presenta «un problema generalizado en todo el forjado del techo del garaje» y también «muchas diferencias con lo proyectado en la licencia de actividades de 2001, con cambios de distribuciones y usos», todo según el informe firmado por el ingeniero de obras públicas, Emili Pou.
Éstos son dos de los principales problemas que el alcalde del municipio, Rafel Gili (UM), pretende que «los auténticos responsables de las deficiencias» arreglen de su bolsillo para que «el pueblo no tenga que pagar ni un euro más para disfrutar del teatro que se merece, un teatro de primer nivel que ha costado más de cuatro millones de euros».
30.000 euros
Según Maria Bel Sancho, gerente del teatro, «en lo que va de año ya hemos gastado 30.000 euros en reparar pequeños desperfectos», unos desperfectos que han obligado a cerrar al tráfico la plaza que se sitúa sobre el garaje, apuntalar el párquing y acordonar el edifico porque han caído algunas de las placas que cubren la fachada.
Pero los problemas detectados en el informe técnico van mucho más allá. «Las uniones viguetas-jácenas del teatro y del aparcamiento no están conformes a la normativa» y además se han encontrado «fallos en los recorridos de las salidas de emergencia, falta de accesibilidad para bomberos y fallos en la compartimentación de sectores de incendios». El documento en cuestión también destaca deficiencias de construcción como «problemas de impermeabilización» y «problemas de aislamiento acústico en diferentes salas».
Por todo ello, el alcalde Rafel Gili y la gerente del teatro Maria Bel Sancho aseguraron ayer que el equipo de gobierno UM-PSOE ha contratado una auditoría y los servicios de un bufete de abogados para que detecten posibles «irregularidades en la inversión y la construcción del teatro».
Según los planes del alcalde, «sean quienes sean los responsables de las deficiencias estructurales y constructivas del edificio del teatro, tendrán que asumir sus responsabilidades antes del 2011». Y es que en ese año termina el plazo legal para presentar demandas ante la justicia por irregularidades en la planificación y ejecución de obras públicas.
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