Las obras de construcción del nuevo mercado cubierto de Inca deberán estar acabadas y legalizadas antes de mediados de noviembre si el Ajuntament no quiere perder la subvención de 2,5 millones de euros que le concedió la Conselleria d'Indústria i Comerç del Govern balear la legislatura pasada. Así lo advierte la consellera de Indústria y ex portavoz del PSM de Inca, Francisca Vives, que asegura que «lamentaríamos que por una mala gestión del equipo de gobierno se perdiera el dinero».
Vives explica que los técnicos nunca autorizarán el pago de una obra que es ilegal y el plazo para presentar las certificaciones está a punto de expirar, de hecho cumple el 16 de noviembre. Mientras que el alcalde de Inca, Pere Rotger, pide colaboración institucional, Vives avanza que se ceñirá a los informes técnicos consciente de que no hacerlo podría implicar un delito de prevaricación.
Las obras de derribo y construcción del mercado cubierto de Inca comenzaron en agosto de 2005 y tenían una duración prevista de 18 meses. Han pasado tres años y dos meses y los trabajos siguen acumulando un retraso importante, actualmente por la falta de acuerdo entre la empresa constructora y el Ajuntament d'Inca sobre los gastos extraordinarios generados durante este tiempo.
El alcalde, Pere Rotger, confirmó ayer que «vamos acercando posturas pero aún no hay un acuerdo. Nos hemos dado un plazo de ocho o diez días para volver a hablar pero veo que al menos la actitud ha cambiado porque hoy (por ayer) había 40 hombres trabajando».
El proyecto de construcción del mercado cubierto salió a licitación por 5.425.809 euros y se adjudicó por 6.276.000 euros. Posteriormente se autorizó una modificación de proyecto que incrementaba el presupuesto inicial en 800.000 euros, nada que ver con los 3,5 millones de euros de gastos extraordinarios que reclama ahora la constructora.
«Lo que queremos es acabar como sea las obras y hacerlo bien, no podemos ceder al chantaje de la constructora», dijo ayer Pere Rotger.
Sobre el proceso de legalización de la obra que invade más de dos metros la calle Born, el Ajuntament trata de justificar ante el Consell de Mallorca que la invasión de la calle responde a un «error» y que por lo tanto puede subsanarse con un cambio de alineación en la normativa urbanística, un procedimiento que hasta ahora no ha convencido al Consell.
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