Nuevo parón en las obras del geriátrico del Moll que debía abrir en 2007

Responsables de la Conselleria se reúnen mañana con los responsables de Atención Social y Estancias Residenciales (ASER) para dar una salida a esta obra, uno de los proyectos estrella de la legislatura pasada que propició la firma del pacto de gobierno local entre UM-UNPI y PP-UMP. La primera piedra del edificio se colocó el 18 de agosto de 2006, dos meses después de alcanzar la alcaldía Bartomeu Cifre (PP-UMP) y poco después la concesionaria (ACER) paró los trabajos al detectar problemas de funcionalidad en la residencia de personas mayores de Montuïri de idéntico diseño y que también gestiona.

El pasado agosto, la consellera de Afers Socials, Fina Santiago, visitó las instalaciones y advirtió a la empresa ACER de que los trabajos deberían reanudarse de inmediato y finalizar antes de junio de 2009 o de lo contrario rescataría la concesión. Anunciaba además un seguimiento mensual del proyecto para evitar nuevos paros. El aviso no surgió el efecto previsto porque hace meses que la obra vuelve a estar parada.

La construcción de la residencia geriátrica del Moll sigue el mismo sistema que el resto de residencias impulsadas desde el Govern balear siendo presidente Jaume Matas. No es la primera que tiene problemas, de hecho la Conselleria d'Afers Socials ya ha rescatado la concesión de otras residencias de similares características como la de Son Güell en Palma, en aquél caso al considerar que existían deficiencias de gestión. El geriátrico comarcal de Inca tiene los nuevos ingresos congelados hace un año a falta de que se subsanen también las deficiencias detectadas.

En el caso de Pollença Atención Social y Estancias Residenciales (ASER) construye el complejo geriátrico en unos terrenos municipales cedidos por el Ajuntament al Govern de les Illes Balears a cambio de gestionar posteriormente las instalaciones. El Govern balear se comprometió a concertar 120 plazas residenciales, de las cuales un cuarenta por ciento se reservan para los pollencins que disfrutarán de precios públicos. Además de la residencia el edificio contará con un centro de día de 30 plazas. Si se anula el contrato la gestión podría terminar siendo completamente pública.