TW
0

Después de que el Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de las Islas Baleares (STEI-i) pidiera cuatro años y medio de prisión para la ex asesora del Ajuntament de Inca, Blanca Iglesias, ahora el fiscal pide dos años y ocho meses de prisión por el delito de falsedad de documento público y estafa.

Así lo confirmó ayer el abogado del sindicato que se ha personado a la causa junto con el Colegio de Psicólogos de las Baleares, Ferran Gomila, quien explicó que «ahora se tienen que trasladar las acusaciones a la defensa y seguramente en unos tres o cuatro meses más o menos se celebrará el juicio oral en Palma».

Con respecto a la reclamación de los 20.000 euros que cobró el ex asesora por trabajos realizados en el Ajuntament d'Inca, el fiscal no realiza ninguna petición en este sentido porque «se tiene que hacer un proceso administrativo por parte del Ajuntament, ya que es la institución que tendría que reclamar este dinero», según Gomila.

A pesar de que los miembros de la oposición del Ajuntament, el Colegio de Abogados de las Balears y el sindicato han pedido repetidas veces que el Consistorio de la ciudad se persone a la causa en contra del ex asesora del alcalde Pere Rotger, el Ajuntament no ha hecho ningún paso en este sentido.

El escándalo del 'caso Iglesias' salió a la luz durante el año 2005 después de que la entonces número 1 del PSM en Inca y ahora consellera de Comerç i Industria, Xisca Vives, denunciara la falsificación del título universitario de psicología por parte de Iglesias con el fin de conseguir la plaza de funcionaria en el Consistorio.

Aunque al principio el alcalde de la ciudad, Pere Rotger, mantuvo su confianza en su asesora, finalmente Iglesias acabó presentando su renuncia una semana después de la denuncia lo que evidenció la falsificación del documento. Además, el PP la suspendió de militancia.

Una semana después que el escándalo saliera a la luz, Blanca Iglesias se marchó a Madrid con el fin de ingresar en una institución médica después de alegar un desequilibrio mental y presentó diferentes certificados médicos y documentos clínicos con el fin de demostrar que sufría un cuadro ansioso depresivo.

Por esta razón, en 2006, el juez sobreseyó provisionalmente el caso, aunque lo volvió a abrir durante el mes de junio del mismo año, después que un médico independiente dictaminara que Iglesias no estaba desequilibrada y podía prestar declaración.