El Ajuntament d'Andratx lleva a los tribunales el «recrecimiento» de una casa en el Port

Como muestra, fuentes municipales señalaron a Ultima Hora las diligencias del juzgado de Instrucción 5 de Palma por delito urbanístico contra el propietario y el arquitecto responsables de las obras del presunto «recrecimiento» de una edificación en una finca del Camí d'es Coll Baix, en el Port, que según el Ajuntament, al que representa en este caso el letrado Pablo Alonso de Caso, está en suelo rústico protegido, dentro de un área rural de interés paisajístico y boscoso, y sobre las que emitió en 2007 un decreto de paralización y posteriormente elevó a los tribunales una demanda tras fracasar sus intentos de fiscalización por parte de los celadores de obras y de la Policía Local.

El voluminoso expediente administrativo sobre las obras llevadas a cabo en la finca, recoge en diciembre de 2007 un decreto de la municipalidad para la suspensión de los trabajos «menores» que iban a llevarso a cabo en el lugar, al constatar el Servicio de Disciplina Urbanística que «la consolidación y aislamiento de cimientos y la sustitución de ventanas y aberturas al exterior», daban paso a un notable aumento del volumen construido.

Se trata de dos parcelas, una de 3.950 metros cuadrados en la que había una construcción principal y una anexa, y otra de 2.382 metros cuadrados, donde existía una piscina. Certificados municipales firmados en 1996 propiciaron una nota registral que atribuía en ese momento a las dos edificaciones una fecha no inferior a 25 años, y sin embargo el Catastro sólo tiene constancia de una de las casas y la fecha en 1975.

En cualquier caso, y tras no cumplir la propiedad el decreto de suspensión de obras de 11 de diciembre de 2007 y poner trabas a la inspección urbanística y policial del Ajuntament de Andratx durante los primeros meses de 2008, el departamento municipal de Urbanismo ratificó que ambas construcciones superan los parámetros de ocupación y edificabilidad máximas, «según el Plan Territorial de Mallorca vigente y, en cualquier caso atendiendo a que la superficie de la parcela es inferior a la mínima para el uso pretendido, es decir, 50.000 metros cuadrados en área rústica de interés protegido, e inedificable cuando ese área es, además, boscosa».

Días atrás prestaron declaración en el juzgado de Instrucción 5 el representante de la empresa propietaria del suelo, así como una celadora de obras y una arquitecta municipal. En los primeros días de julio están citados algunos de los trabajadores que fueron detectados en las obras y ocho policías locales de Andratx que intervinieron en atestados sobre las edificaciones.