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La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, Irene Truyols, ha desestimado, sin entrar en el fondo del asunto, un recurso presentado por la Agrupación Social Independiente (ASI) y el ex concejal de Llucmajor Joaquín Rabasco, en el que solicitaban el precinto cautelar de la imprenta Omniprint, situada en la parcela 35 del polígono industrial Son Llaüt en Santa Maria del Camí. La nave carece de los permisos de actividad y de apertura, y tampoco cuenta con el final de obra municipal.

La juez argumentó su fallo desestimatorio alegando «defectos de forma» en el recurso «advertido y no solucionado», señala en la sentencia.
Atribución
Según la magistrada, «no queda constancia de quién acuerda la interposición del recurso, ni tampoco se acredita que quién dice ser secretario general de la Asociación tenga esa atribución».

La demanda se presentó en junio de 2005, cuando ASI y Rabasco alegaron «la falta de gestión alguna» realizada por el Ajuntament en relación a la actividad ejercida en la parcela citada, sin contar con la licencia preceptiva. Omniprint, propiedad de Unedisa, es una entidad encargada de la impresión de una serie de publicaciones, entre ellas, El Mundo-El Día de Baleares, The Mirror y Sunday Mirror. La sentencia desestimatoria insiste en que los demandantes «tuvieron ocasión de oponer lo que estimara pertinente y subsanar el defecto (de forma)», y cómo no lo hicieron, pese a que una diligencia de ordenación de 5 de julio de 2005 le dio plazo legalmente previsto, procede «inadmitir el presente recurso contencioso».

Rabasco había presentado en 2005 un recurso contra el municipio en el que solicitaba el cierre de Omniprint tras unas declaraciones de la ex alcaldesa Rosa Vich, que había reconocido que su gobierno firmó «por error» los planos de la planta impresora. El edificio que ocupa espacio público sobrepasa en 7 metros la altura máxima permitida. Técnicos del Consell de Mallorca también detectaron diversas irregularidades en esa construcción. La sentencia de la juez Truyols todavía no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears.