Mientras, el TSJIB sigue sin resolver si acata o no la Ley del Parlament que legalizó la infraestructura. | G. Alonso

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El alcalde de Manacor ya ha saldado sus cuentas con la Justicia y ha pagado los 5.000 euros impuestos por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears por retrasar, intencionadamente, según dicho organismo, la ejecución de la sentencia que obliga a derribar el puente del Riuet de Porto Cristo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB le obligó a abonar cada quince días 1.000 euros hasta que se iniciara la demolición. El alcalde recurrió el pasado 14 de febrero la imposición de las multas intentado, al menos, reducir la cantidad.

En el recurso presentado por la defensa de Pastor, se alega que desde el 28 de enero de 2010 el responsable de la ejecución de la sentencia, por decreto de Alcaldía, es el delegado de Urbanismo, Bernat Amer, firmando ya numerosa documentación.

Además se detalla que el cumplimiento de la sentencia se ha realizado de una manera «diaria y constante, diligente y minuciosa», todo lo contrario al auto anterior de la sala que acusaba al alcalde retrasar intencionadamente la ejecución de la sentencia. Por ello, en el recurso se detalla que «ha existido una voluntad férrea en la ejecución de la sentencia».

Indefensión

También se alega indefensión por parte del alcalde cuando se argumenta que «haga lo que haga será multado», un concepto el de indefensión que el procurador eleva sinónimos como el de «debilidad, desamparo, impotencia, desprotección o desabrigo».

Así «no importa si ha dado órdenes por escrito al secretario, tampoco por el hecho que se esté desplegando una ingente actividad diaria para ejecutar la sentencia, nada de ello sirve para paralizar la imposición de multas», todo ello «cuando existe la máxima colaboración posible».

Con todo, la defensa del alcalde considera desproporcionado el importe de la multa «a la vista de toda la actividad desplegada y, en especial, de la máxima colaboración que ha prestado -el alcalde- de forma constante y minuciosa».

Por ello, se solicita a la Sala de lo Contencioso Administrativo que suspenda el pago de la multa hasta que se resuelva este recurso, un hecho que a día de hoy no ha sido notificado ya que el alcalde Antoni Pastor, en el día de ayer, hizo efectivo el pago de los 5.000 euros totales en una entidad bancaria.