La sentencia del magistrado Jaime Tártalo (el mismo que ya condenó a penas de prisión a los arquitectos) da por probado que el entonces alcalde sabía que las obras estaban en marcha sin licencia y que no hizo nada para detenerlas. De hecho, el celador municipal le había comunicado en tres ocasiones que la obra estaba en marcha. Además, Alzina se había reunido en varias ocasiones con los promotores para agilizar las obras.
Prisa
El magistrado señala que se dio preferencia a esa obra dado que «había prisa» para hacer las obras antes de que llegara la temporada. Así, el fallo recuerda que el alcalde reaccionó de forma casi instantánea cada vez que los servicios técnicos detectaban una deficiencia en el proyecto que retrasaba la obra. «No es descartable que el acusado actuara de la forma en que lo hizo con el fin de 'ayudar' a los intereses económicos de la promotora», indica el fallo.
Con estos antecedentes, el magistrado considera demostrado que el alcalde conocía que la obra había comenzado: «El alcalde mantuvo una actitud pasiva y no adoptó ninguna medida para evitar que las obras se siguieran ejecutando de manera ilegal».
Sobre los argumentos del alcalde, el magistrado señala que, aunque solo faltaran informes de Turisme y Costa no se podía dar por hecho que estos se fueran a conceder. Además indica que este argumento choca con la apertura de un expediente días después del derrumbe. La sentencia señala que tanto el arquitecto municipal como el alcalde trataron de «lavar la cara» a su actuación anterior.
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