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El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) ha pedido al Consell de Mallorca que desista de su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo y acate la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) que impide la construcción del hotel en Sa Rápita.

Esta sentencia, según un comunicado emitido por el grupo ecologista, anulaba la modificación de errores del Plan Territorial de Mallorca de acuerdo con el cual «lo urbanizable de Son Durí pasaba de tener dos a 21 hectáreas».

Así lo ha expresado la portavoz del GOB, Margalida Ramis, en el Pleno del Consell de Mallorca que ha tenido lugar esta mañana y en el que ha afirmado que «está claro que la premisa es: si no es posible, nosotros haremos que lo sea», en referencia al Consell.

Con ello, ha criticado que la institución insular mallorquina quiere dar «seguridad jurídica al promotor o inversor» «a cualquier precio», por lo que ha pedido al Consell que «deje de invertir energía, esfuerzos y, sobre todo, dinero público en defender intereses concretos».

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De esta manera, Ramis ha acusado al Consell de que, con la «excusa de la crisis, la generación de puestos de empleo y la mayoría absoluta del Partido Popular», pretenda poner en marcha todo tipo de proyectos, incluso el de un «macro-complejo hotelero de 20 hectáreas allí donde sólo hay dos».

Por otro lado, ha criticado que el Consell, «impulsado por el Govern», haya iniciado una modificación de errores que ha considerado «sospechosa» para que se construya otro hotel en Campos recordando que este municipio cuenta con el arenal virgen «más espectacular de Mallorca».

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, ha afirmado que la sentencia del TSJB tiene una segunda lectura, que es «la lectura social» que representa a toda la población que se ha mostrado en desacuerdo con la construcción de este hotel en Sa Rápita, refiriéndose así a las 12.000 personas que hicieron una cadena humana en esta playa el 29 de abril de 2012 en contra de esta infraestructura.

Asimismo, ha señalado que esta sentencia ha puesto «los pies en tierra a la avaricia y prepotencia política sinónimo de mayoría absoluta» por la que los integrantes del Consell «se sienten amos de todo y olvidan el interés general de Mallorca». Finalmente, ha considerado que lo que debería hacer la institución insular sería «admitir el error y olvidar recurrir la sentencia al Supremo».