La funcionaria de Artà acusada de malversación al cobrar las sanciones urbanísticas. | Joan Torres

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El exalcalde de Artà, que ha declarado este martes como testigo en el juicio por presunta malversación a la funcionaria que cobraba las sanciones urbanísticas, ha asegurado que nadie supervisaba el trabajo de esta empleada y otra trabajadora ha indicado que no había control sobre esos pagos en metálico.

Otros dos concejales que también han comparecido este martes como testigos han dicho no supieron que las multas por infracciones urbanísticas se cobraban en efectivo hasta que se echó en falta dinero porque se descubrió a finales de 2011 que había varios pagos realizados por este concepto que no figuraban como ingresados en ninguna cuenta bancaria del Ajuntament.

Diez testigos han prestado este martes declaración ante el jurado que juzga en la Audiencia de Palma a una funcionaria que niega haberse quedado ninguna cantidad, para quien la Fiscalía pide 6 años de prisión por presunta malversación y a la que el Ajuntament de Artà reclama unos 33.000 euros de multas entre 2007 y 2011.

La entonces concejal de Urbanismo, Economía y Hacienda ha relatado que todo empezó a finales de 2011, en un momento en el que «no había liquidez» en el ayuntamiento y le informaron de que iba a haber «un ingreso importante» por el pago de una sanción urbanística de más de 24.100 euros.

Días después, al no producirse el ingreso, se lo comunicó al alcalde, se comenzó a investigar y se detectaron otras infracciones cobradas de las que no aparecía el correspondiente ingreso en el banco.

El entonces alcalde de Artà y ahora regidor ha explicado que cuando le reclamaron el dinero que faltaba a la funcionaria acusada, desde un principio «ella negaba que se hubiera quedado dinero» y contó que «a veces dejaba el dinero en el cajón y que esto podía suponer que alguien pudiera haberlo tocado y también que a veces daba el dinero a alguna persona que pudiera ir a ingresarlo».

Ha explicado que la funcionaria encargada de cobrar esas sanciones e ingresarlas no tenía supervisión y que solo a raíz de este caso las sanciones urbanísticas se abonan mediante ingreso bancario.

Una parte del dinero que faltaba lo encontró la funcionaria en sobres en su cajón, como los 24.000 euros, y explicó que no había tenido tiempo de ingresarlos porque había habido un puente festivo.

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El consistorio detectó otras cantidades no ingresadas y, al principio, fueron apareciendo sobres con dinero en algunos expedientes en el mismo departamento, cuando la funcionaria acusada se encontraba de baja.

El celador del consistorio ha explicado que encontró tres de esos sobres dentro de expedientes.

El entonces tesorero del consistorio, hoy ya jubilado, ha relatado que durante la investigación, a medida que él iba introduciendo en el ordenador los datos sobre el dinero que faltaba, aparecían sobres con esas cantidades.

«Por pura coincidencia o no, no lo sabré nunca, resultaba que los informes que había hecho de que faltaba dinero, fueron los sobres que luego iban apareciendo», ha explicado.

El exfuncionario, que llegó a sospechar que el sistema informático podía estar «pinchado», ha detallado que cuando cambió de sistema de archivar los datos, dejaron que aparecer sobres. El tesorero calcula que el descuadre total que no ha aparecido asciende a 33.000 euros.

El exconcejal de Turismo también se ha referido a este suceso al recordar la propuesta que presentó ante el pleno del ayuntamiento de que se remitiera la investigación a la Fiscalía y fuera más allá de un expediente disciplinario ante «la rocambolesca aparición de dinero, con la necesaria participación de otras personas, falta de cobro total o parcial de importes de expedientes de disciplina urbanística y la necesidad de depurar responsabilidades».

Según el exedil, la labor de la funcionaria fue «como mínimo negligente».

Si bien la interventora del consistorio ha calificado como «mediana» la carga de trabajo de esta funcionaria y ha añadido que en ayuntamientos pequeños es habitual que puntualmente los funcionarios asuman varias tareas, el exalcalde ha detallado que le había manifestado que no daba abasto.

Según un certificado de Intervención, la funcionaria tramitó 355 expedientes de disciplina urbanística entre 2000 y 2011; 472 de actividades y 134 diversos.