Los empresarios en el pleno de ayer jueves. | Pedro Aguiló Mora

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Un centenar de empresarios y trabajadores de bares, pubs y discotecas abarrotaron este jueves la sala de plenos del Ajuntament de Calvià para protestar contra la ordenanza que les obliga a instalar nuevos limitadores de sonido. Un imperativo que, tras tres años de plazo de adaptación, deberá acatarse de forma obligatoria a partir del próximo lunes. La principal característica de estos nuevos limitadores es que imposibilitan su manipulación.

En declaraciones a este diario, los afectados por la medida explicaron que aprovecharon el pleno ordinario de para pedir al equipo de gobierno presido por el alcalde Alfonso Rodríguez Babal (PSOE), que permita subir el nivel del volumen de la música de 70 a 100 decibelios, o en vez de poner el énfasis en los decibelios, hacerlo en los horarios de cierre. Según los empresarios y trabajadores, la nueva regulación es una «alcaldada» que constituye «un insulto a los músicos y un fraude a los clientes».

Para cuestionar el límite de sonido marcado por la normativa, los propios afectados midieron los decibelios del debate plenario y demostraron que las voces habituales de los concejales ya sobrepasaban los 70 decibelios establecidos.

Por otra parte, los representantes del centenar de personas que se concentraron en el pleno también criticaron el coste de los nuevos limitadores de sonido presupuestados en aproximadamente en unos 3.000 euros cada uno. Los afectados tampoco se muestran conformes de que el Consistorio de Calvià les diga qué marca y modelo deben instalar.

Según estimaciones del sector de la noche, un millar de establecimientos deberán someterse a la nueva normativa, aunque hasta ahora solo lo han hecho el 40 %.