Tras una reducción importante de la superficie del proyecto, el futuro parque fotovoltaico afectará a 56 hectáreas de esta emblemática finca del municipio ubicada en la carretera que une Manacor con Porto Cristo. El planteamiento cuenta con la oposición del propio Ayuntamiento y de los ecologistas. | M. À. Cañellas

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La decisión de la comisión política balear de Medi Ambient, organismo dependiente del Govern, de dar vía libre al parque fotovoltaico de Santa Cirga, que afecta a 56 hectáreas, ha causado indignación en el seno del Ayuntamiento de Manacor.

El alcalde Pedro Rosselló (PP) ha denunciado que el Consistorio no fue invitado en la comisión que aprobó el proyecto. «Esperábamos ser convocados para explicar políticamente la decisión del Consistorio, sabíamos que no teníamos voto pero el derecho a ser escuchados era irrenunciable». El primer edil defiende que «dada la magnitud del proyecto y que somos el municipio afectado por ello, lo mínimo es que en la reunión se nos hubiera dado voz pero lamentablemente no ha sido así».

Hay que recordar que ya en la comisión técnica, el Ayuntamiento de Manacor se posicionó en contra de esta iniciativa empresarial por una cuestión puramente urbanística. El arquitecto Joan Antoni Salom expuso que el futuro parque fotovoltaico afectaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los argumentos de la administración local no han sido tenidos en cuenta ya que tanto las comisiones técnica como la política han dado el visto bueno a este proyecto.

En este sentido, Pedro Rosselló avanzó que «suponemos que ahora el proyecto será aprobado por el Consell de Govern y nada más podremos hacer». Una situación que ha incomodado al pacto PI-PP-AIPC que desde el primer momento se opuso, junto a los partidos de la oposición, a este proyecto que en sus inicios contaba con el doble de superficie.