Becket, Smith y Lustig-Prean (de izq. a derecha), tres de los homosexuales expulsados.

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EFE - ESTRASBURGO El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos resolvió ayer que la expulsión del Ejército británico de cuatro homosexuales constituye una violación de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos el relativo al derecho al respeto de la vida privada y familiar.

De este modo, la Corte europea respondió a las demandas presentadas en septiembre de 1996 por cuatro ciudadanos británicos: Ducan Lustig-Prean, John Becket, Jeanette Smith y Graeme Grady.

Los cuatro demandantes, que formaban parte del Ejército británico, fueron sometidos a una investigación y a interrogatorios sobre su tendencia sexual a cargo de la policía militar.

Dado que los cuatro confesaron su homosexualidad, fueron objeto de una «destitución administrativa» en aplicación de la ley que impide que los homosexuales accedan al Ejército en el Reino Unido. Los demandantes fueron expulsados en enero de 1995, julio de 1993, noviembre de 1994 y diciembre de 1994, respectivamente. Los cuatro afectados alegaron que las pesquisas sobre su homosexualidad y su expulsión «violaron su derecho al respeto de la vida privada», garantizado por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y constituyeron medidas discriminatorias contrarias al artículo 14 de esa normativa sobre la «prohibición de discriminación».

Además, Jeanette Smith y Graeme Grady denunciaron el carácter inhumano y degradante de las pesquisas y de sus destituciones, contrarias, a su juicio, al artículo 3 del Convenio, así como abusos contra el artículo 10 que garantiza la libertad de expresión, y lamentaron no haber dispuesto de un recurso interno efectivo, En el caso de Lustig-Prean y Beckett, el Tribunal de Estrasburgo decidió por unanimidad que se produjo una violación del artículo 8 del Convenio sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Consideró «particularmente indiscretos» los interrogatorios e investigaciones a los que fueron sometidos los demandantes y precisó que la «destitución administrativa» de los interesados ha tenido «una profunda incidencia en sus carreras y perspectivas».