TW
0

Fernando Àlvarez de Miranda, defensor del pueblo, hizo estas críticas durante su comparecencia ante Pleno del Congreso para presentar el Informe Anual correspondiente a 1998 y hacer balance de su mandato, que terminará dentro de unas semanas. En este sentido, mostró su extrañeza ante el rechazo el pasado de martes por el Pleno del Congreso de una Proposición de modificación de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, a pesar de que en 1995 la misma Cámara aprobó por unanimidad una Moción del PP que propugnaba el mismo objetivo.

«Estoy completamente a su disposición para elaborar un estudio sobre un anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, para llenar a esta Institución de más vida y contenido, y que, por ejemplo, la presentación de los Informes ante el Pleno no sean un simple trámite», dijo durante su intervención, que fue seguida por poco más de 40 parlamentarios.

Por otro lado, criticó la insensibilidad de la Administración ante los requerimientos de su Oficina, y subrayó que aunque se ha producido una mejora en la actitud de la Administración en la relación con la Institución que dirige, persisten algunos defectos como la lentitud de la resolución de los expedientes, la resistencia «casi total» a reconocer las peticiones de los administrados, y la delegación de su responsabilidad a los tribunales produciendo sobrecarga e ineficacia en éstos.

«Cada día es más necesario la existencia de instituciones como la del defensor porque se producen más violaciones de los Derechos Humanos y persiste la resistencia a atenderlos por parte de la Administración», añadió.

En cuanto al balance de su mandato, Àlvarez de Miranda resaltó que desde que asumió el cargo en diciembre de 1994 la Oficina ha recibido unas 100.000 quejas (de las cuales son rechazadas el 70 por ciento por falta de competencia) y 20.000 visitas, así como que ha remitido 500 recomendaciones y 800 sugerencias a la Administración. Además, insistió en el desconocimiento general de la Figura del defensor por parte de los ciudadanos, así como de los cauces para hacer llegar las quejas.