La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, anunció ayer que
la Junta de Andalucía recurrirá por la vía penal el auto de la juez
Celia Belhadj-Ben Gómez que decreta el archivo de la causa
instruida por el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar
(Sevilla). La Junta espera que se produzca un juicio oral para que
se conozca exactamente las causas que provocaron el desastre
ecológico.
La incertidumbre del Gobierno andaluz ante la posibilidad de
recurrir el auto por la vía penal despertó duras críticas de grupos
ecologistas, que interpretaron el gesto como un reconocimiento
implícito de su culpabilidad, ya que en la causa hay imputados tres
funcionarios andaluces. La Junta, que ha defendido desde el primer
momento la necesidad de estudiar el auto en profundidad antes de
tomar una decisión, justifica ahora el recurso penal en la
necesidad de conocer exactamente qué es lo que pasó.
Según Coves, la Junta ha decidido agotar sus recursos a través
de la vía penal porque «tiene interés en que se depuren hasta el
final las últimas responsabilidades, si es que las hubiera» y
argumentó su «prudencia» para la toma de esta decisión en que la
Administración andaluza «es una institución seria y
responsable».
De este modo, Coves indicó que la decisión no se ha producido
hasta que el Gabinete Jurídico de la Junta no ha contado con
elementos suficientes para poder recurrir.
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