Un grupo de 50 inmigrantes irrumpió ayer en la sede del Defensor del Pueblo.

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El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, afirmó ayer, que se va a arbitrar un procedimiento por vía reglamentaria para regular la llegada de extranjeros para trabajar en el sector del servicio doméstico. Rajoy daba así el visto bueno a una de las 13 recomendaciones que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha remitido al Gobierno en materia de inmigración y que se refiere a la posibilidad de que los extranjeros que vayan a trabajar en el servicio doméstico puedan entrar en España sin contrato de trabajo.

El titular de Interior anunció ayer la aprobación del Programa de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (GRECO), un proyecto que el Ejecutivo valora como «la primera iniciativa en nuestro país para afrontar en los próximos años, el tratamiento de la extranjería y la inmigración desde todas sus vertientes».

El proyecto tendrá este año un presupuesto de 37.000 millones de pesetas. Además el Gobierno dio luz verde a tres Reales Decretos por los que se regularán el Consejo Superior de Política de Inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Observatorio Permanente de la Inmigración.

Por otra parte el delegado del Gobierno para la Inmigración y Extranjería, Enrique Fernández Miranda, declaró ayer que el Gobierno pretende «negociar y firmar acuerdos con Colombia, República Dominicana y Rumanía», similares a los suscritos con Ecuador, Polonia y Marruecos.

Un asalto a la sede de Defensor del Pueblo logra su compromiso
La Oficina del Defensor del Pueblo fue testigo de un asalto por parte de un grupo de estudiantes e inmigrantes, unos cincuenta en total, que entraron en las dependencias oficiales arrollando el servicio de seguridad para protestar por la decisión del Defensor del Pueblo de no recurrir la Ley de Extranjería. Múgica acabó recibiendo al grupo y en la reunión se comprometió a hacer de intermediario para concertar la reunión para la próxima semana.