La jefa del Servicio de Evaluación y Acreditación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, Pilar Calvo, confirmó de que la clínica ICEMA
no figura en el Registro de Centros Sanitarios Autorizados en el
que están inscritos unas 5.000 entidades del sector de Madrid.
Igualmente, fuentes del Ayuntamiento de la capital confirmaron que
la mencionada clínica de estética, situada en el número 59 de la
calle de Maldonado, también carecía de licencia municipal para
ejercer dicha actividad y, por tanto, la Junta Municipal de
Salamanca, a la que pertenece el centro, ignoraba las
intervenciones que en ella se practicaban.
En la Junta de Salamanca, reiteraron las mismas fuentes, no
consta que ICEMA solicitara la oportuna licencia para ejercer
actividades de cirugía estética, ni tampoco existen denuncias de
vecinos de la finca o de personas que hayan sido atendidas en el
centro. Entre tanto, la portavoz de la clínica, Carmen Ranera,
explicó que, pese a lo que afirma la Comunidad, cuentan con los
permisos oportunos, «se han solicitado y así se acreditarán cuando
corresponda», aunque evitó dar detalles sobre dónde y cuándo se
pidieron.
Respecto a las circunstancias en las que se produjo la muerte de
Débora Catalán, de 36 años, Ranera manifestó que el óbito se
produjo antes de la intervención programada, que era «un
tratamiento de mesoterapia (tratamiento de las enfermedades
mediante múltiples inyecciones intradérmicas de pequeñas dosis de
distintos medicamentos practicados en la región afectada) no
agresivo» y negó que se tratara de una liposucción.
Por su parte, la familia de Débora Catalán ha asegurado
desconocer las causas que provocaron su muerte porque no han tenido
acceso a los resultados de la autopsia ni a la investigación que se
sigue en torno al caso. Según indicó a Efe-Televisión una hermana
de la fallecida, la familia no puede decir nada de las causas que
provocaron la muerte de Débora, aunque sí admitió que la mujer
recibía algún tratamiento estético «de los que se hacen simplemente
por belleza, para estar bien».
El centro ICEMA, según el mensaje informativo grabado en el
contestador automático de la clínica, ofrecía un tratamiento contra
el sobrepeso «avalado por el Comité de Salud publica de la Sociedad
Americana de Cirugía de la Obesidad», consistente en implantar un
dispositivo en el estómago para disminuir «progresivamente» su
capacidad. Por su parte, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos,
anunció que habrá una regulación legal de la medicina privada
porque «no se puede consentir que una mujer muera por una
liposucción en un país moderno y del siglo XXI como España». Esta
regulación, señaló la ministra, se hará «posiblemente» en la Ley de
Coordinación que prepara el Ministerio de Sanidad y de la que
avanzó que busca todo el consenso posible, pero sin «renunciar a
las competencias de su ministerio».
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