El Defensor del Pueblo afirma en su Informe de 2001 que los
ayuntamientos se han visto «impotentes» para hacer frente al
fenómeno del ´botellón´, y constata además que la legislación
actual no lo prohíbe.
Esta institución considera que esta forma de beber alcohol en la
calle es «de reciente aparición y difícil explicación, motivado
quizás por la aparición de nuevas formas de diversión y el ocio y
en ocasiones acompañado de ciertas dosis de violencia y
provocación, utilizadas como forma de expresión de determinados
colectivos».
Además, las entidades locales reconocen, según el informe al que
ha tenido acceso Europa Press, que la resolución del problema del
'botellón' «excede notoriamente sus competencias, no siendo posible
impedir, con el ordenamiento jurídico en vigor la presencia de
jóvenes en la vía pública siempre y cuando no cometan algún ilícito
penal o administrativo, ni tampoco instruir procedimientos
sancionadores en materia de contaminación acústica a una multitud
formada por dos mil o tres mil personas».
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