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El Defensor del Pueblo afirma en su Informe de 2001 que los ayuntamientos se han visto «impotentes» para hacer frente al fenómeno del ´botellón´, y constata además que la legislación actual no lo prohíbe.

Esta institución considera que esta forma de beber alcohol en la calle es «de reciente aparición y difícil explicación, motivado quizás por la aparición de nuevas formas de diversión y el ocio y en ocasiones acompañado de ciertas dosis de violencia y provocación, utilizadas como forma de expresión de determinados colectivos».

Además, las entidades locales reconocen, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, que la resolución del problema del 'botellón' «excede notoriamente sus competencias, no siendo posible impedir, con el ordenamiento jurídico en vigor la presencia de jóvenes en la vía pública siempre y cuando no cometan algún ilícito penal o administrativo, ni tampoco instruir procedimientos sancionadores en materia de contaminación acústica a una multitud formada por dos mil o tres mil personas».