El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, considera, sobre el
accidente del «Prestige», que «sigue faltando» una información
«completa» y «objetiva» por parte de las administraciones central y
gallega.
En un escrito remitido al Movimento polos Direitos Civís, con
sede en Santiago, el Defensor del Pueblo señala que «el propio
asunto era de unas dimensiones tales, con unas consecuencias tan
amplias y profundas, que podía exigirse a los poderes públicos
implicados, y en el presente caso estos eran las administraciones
General del Estado y la Xunta de Galicia, un tratamiento
coordinado».
Según las consideraciones de Múgica, «este tratamiento
coordinado, el ofrecimiento al público de una información
sistemática, completa y objetiva, ha faltado y sigue faltando».
En cuanto a algunas de las recomendaciones dirigidas a la Xunta,
el Defensor entiende que la respuesta por parte de la
Administración autonómica «no puede entenderse sino como no
aceptación de las recomendaciones relativas a efectuar una
investigación de oficio». Múgica achaca a la Xunta en su documento
la «falta» de una investigación en el seno de esta
Administración.
Al Ministerio de la Presidencia, el Defensor dice que la escueta
respuesta recibida por la Administración General del Estado,
«significa que nuestras recomendaciones serán archivadas y pasarán
a un definitivo olvido, es decir que no son aceptadas».
«El propio asunto era de unas dimensiones tales, con unas
consecuencias tan amplias y profundas, que podía exigirse de los
poderes públicos implicados -las administraciones General del
Estado y la Xunta- un tratamiento coordinado».
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