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El Gobierno aprobó ayer al anteproyecto para reformar la ley de divorcio. Según el ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, la reforma reducirá «el coste económico y moral» de los afectados, al reducir los plazos y eliminar la separación previa obligatoria. Uno de los aspectos que más revuelo ha levantado es la llamada custodia compartida de los hijos, un supuesto que, según el titular de Justicia, en ningún caso se impondrá a los que no la deseen o contra uno de los cónyuges que pudiera objetarla. «Y en ningún caso contra los menores», subrayó.

La reforma del Gobierno descansa sobre tres pilares: simplificación de trámites, al no exigir la separación previa para pedir el divorcio; eliminación de las causas que ahora es necesario alegar, invocar y probar ante la autoridad judicial para obtener la separación o el divorcio; y garantizar los derechos de la parte que pueda resultar perjudicada por la terminación de la relación conyugal, si la hubiere, y siempre y en todo caso los derechos de los menores afectados.

«Si hay acuerdo, nos atenemos a la situación actualmente vigente. En el caso de que no haya acuerdo, la decisión le corresponde al juez», insistió el ministro. En esta línea, explicó que el hecho de que actualmente la custodia sea confiada de forma estadísticamente «muy mayoritaria» a las mujeres en los divorcios no tiene asiento legal, sino que es una práctica judicial, que tiene que ver con una realidad social «que naturalmente convoca a todos los poderes públicos en una acción de remoción de barreras a la igualdad plena en derechos, igualdades y oportunidades de hombres y mujeres». Si el divorcio lo pide uno sólo de los miembros de la pareja, deberán haber transcurrido tres meses del matrimonio, salvo que haya mediado demanda por malos tratos.

Se regulan también las circunstancias de la pensión compensatoria para garantizar el bienestar de la parte perjudicada según edad, salud, capacidad profesional, dedicación a la familia, duración del matrimonio, medios económicos, etcétera.