López Aguilar afirma que la decisión de liberar al imán es «puramente judicial».

López Aguilar afirma que la decisión de liberar al imán es «puramente judicial».

EfeMálaga22/12/04 0:00
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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que la liberación «no contribuye» a acabar con la «lacra macabra» de la violencia contra las mujeres, y al referirse a las circunstancias de este asunto consideró que «es todo un absoluto disparate».

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que la decisión de liberar al imán es «puramente judicial» y que el Gobierno «no debe pronunciarse» sobre el fallo. «Me parece muy bien que se pueda condenar en este país a cualquiera que creyéndose que tiene libertad para opinar, se permita nada menos que instigar a la violencia contra las mujeres, y que haya existido una pena privativa de libertad y una condena. A partir de ahí, la resolución de excarcelación es judicial y no corresponde al Gobierno pronunciarse sobre eso».

Fernández de la Vega dijo que respeta y acata la decisión de la Audiencia, «porque eso es lo que toca en democracia», pero recordó que las resoluciones judiciales también puede estar «sujetas a la crítica pública».

«No me parece una decisión que contribuya en estos momentos a reforzar la línea que la sociedad ha adoptado, que es la de tolerancia cero en todo lo que signifique abrir alguna vía de apoyo» a la violencia doméstica.

Mientras, el secretario general del PP, Angel Acebes, señaló que la excarcelación «no da un buen ejemplo» y apoyó castigos más severos contra conductas que promuevan la violencia contra las mujeres.

Acebes consideró que «no es una decisión correcta ni acertada» la liberación y abogó por que el cumplimiento de este tipo de condenas sea «proporcional a la gravedad de la acción» y acarree «consecuencias penales mucho más contundentes».

La presidenta del Institut Catalá de la Dona, Marta Selva, trasladó a la judicatura en Catalunya «el malestar social e institucional» por la decisión y «por la sustitución de la pena impuesta por la realización de formación en Derechos Humanos, dada la extrema gravedad de las acusaciones y el hecho de que éstas se mantienen».