La vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, pidió al Gobierno
que «cree la comisión» de expertos prevista en la propia ley que
autoriza la salida de fondos, para que sean ellos los que analicen
si el contenido de las cajas se corresponde en su totalidad con
documentos de Catalunya.
El Ayuntamiento salmantino, que preside Julián Lanzarote (PP),
ha anunciado que no dará el permiso para realizar labores de carga
en la zona peatonal donde se halla el Archivo hasta que el juzgado
se pronuncie sobre un recurso interpuesto por el Consistorio contra
la salida de los documentos. El recurso considera que el traslado
«incumple flagrantemente la Ley de Restitución ya que en las cajas
existe documentación de otras muchas instituciones del resto de
España.
Ya por la tarde, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, informó a
la Comisión Permanente del Patronato del Archivo de la Guerra Civil
de que la Comisión Mixta Estado-Generalitat, creada para la
identificación de los documentos, se constituyó el pasado jueves.
Explicó que ha estudiado el contenido de 176 cajas que, según la
Junta de Castilla y León, contienen documentos de dudosa
adscripción.
De estas, 160 pertenecen a las Milicies Antifeixistes de
Catalunya, una organización popular integrada en la Generalitat de
Cataluña y que empleaba medios públicos a pesar de que estaba
compuesta por la CNT, UGT, FAI, PSUC y POUM, grupos que no se
reconocían como Estado.
Además, hay tarjetas electorales, cartillas y carnés que están a
nombre de personas físicas y que fueron emitidos por la
Generalitat. Se trata, añade, de documentos que nunca fueron
incautados a sus titulares, sino en oficinas públicas, por lo que
no queda constancia de su incautación individualizada.
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