Los documentos llegaron ayer al Archivo Nacional de Catalunya.

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La consejera de Cultura de la Generalitat, la mallorquina Caterina Mieras, celebró la llegada de los papeles porque «se ha hecho justicia» y anunció que «todo está a punto para la exposición de los legajos, que se celebrará lo antes posible» aunque no sabe si podrá ser esta misma semana. Tras el traslado, el PP criticó lo mal que se han hecho las cosas mientras ERC pide más gestos de restitución de la memoria histórica.

Los últimos coletazos de este polémico traslado llegaron cuando en la noche del 20 de enero la Audiencia Nacional ordenó la inmovilización de las 500 cajas. No obstante, aún quedan por resolver un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León y otro ante la Audiencia Nacional elevado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Los documentos, que estaban en el Ministerio de Cultura, llegaron al Archivo Municipal de Sant Cugat a las 8.30 horas en una comitiva de turismos acompañada por dos furgonetas blancas y una azul. Este paso es el colofón a un largo proceso que ha ido siempre de la mano de la polémica y que comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil que estaban en el Archivo General de Salamanca.

Una vez llegaron los papeles al Archivo de Sant Cugat, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró que los documentos «están donde tienen que estar» y defendió el camino que se ha seguido por ser «muy transparente». «Como ha dicho algún historiador de este país, se restituye lo que fue expoliado.

Según el presidente del PP, Mariano Rajoy, «las cosas se han hecho muy mal y que no había ninguna necesidad de crear un problema de esas características y de humillar gratuitamente a los salmantinos». «Es algo impropio de un sistema democrático normal del que podamos sentirnos orgullosos mandar una compañía de los GEOS a Salamanca para coger los papeles del Archivo».

Igualmente, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, acusó al Gobierno de haber realizado el traslado «de tapadillo» y de tomar al conjunto de los ciudadanos «por idiotas». Zaplana cree que esta actitud se debe a «la sumisión del Ejecutivo a otras fuerzas para poder mantenerse gobernando».