El 47,2% de los inmigrantes que viven en España son inquilinos
subarrendados (de media tres hogares en una misma vivienda), el 19%
habita en condiciones de hacinamiento -menos de 10 metros cuadrados
por persona- y un 0,4%, 12.000 personas, usa la fórmula de las
«camas calientes» (con derecho a dormir en un lecho por horas).
Este es uno de los inquietantes datos obtenidos del estudio
«Inmigración y vivienda en España», presentado ayer por la
secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. La situación
varía dependiendo de la comunidad autónoma de residencia, siendo
Madrid donde el acceso es más complicado. El precio, los papeles y
la xenofobia son los principales obstáculos para que los
inmigrantes accedan a un techo en nuestro país.
Para poder optar a una vivienda en propiedad serían necesarios
unos ingresos medios mensuales de 1.700 euros. De promedio, un
inmigrante gasta algo más de 200 euros en un subarriendo y casi 800
euros si alquila un piso independiente o paga una letra para
adquirirlo.
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