En la «operación Karlos», que investiga una trama dedicada a la
falsificación de documentos para conseguir incapacidades laborales,
también fue detenida la secretaria de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera M.P.C., así como tres médicos,
una funcionaria del Servicio Andaluz de Salud, un trabajador que
obtuvo la jubilación por incapacidad laboral ilegalmente y un
policía local de Prado del Rey (Cádiz), según las fuentes de la
Guardia Civil.
Estas diez personas, entre las que se encuentra un conocido
empresario de Ubrique (Cádiz), J.LL.F., y un inspector de la Unidad
Médica de Valoración de Incapacidades -órgano que decide en último
término la concesión de las bajas laborales-, han sido detenidas
como presuntas autoras de los delitos de fraude a la Seguridad
Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
María José Campanario, que según las citadas fuentes está
«directamente implicada en la trama», fue detenida este mediodía y
trasladada para prestar declaración a la Comandancia de la Guardia
Civil de Jerez de la Frontera.
El resto de detenidos pasaron ayer por la mañana a disposición
del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez.
Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año
cuando la Guardia Civil descubrió que varias personas se
beneficiaron de pensiones de invalidez tras conseguir bajas médicas
que obtenían tras pagar 24.000 euros a los implicados en esta
trama, según una nota del instituto armado.
En los casos en los que el beneficiario carecía de esta
cantidad, uno de los médicos implicados les facilitaba una póliza a
través de entidades bancarias que era abonada al banco una vez
obtenían la pensión.
La Guardia Civil estableció un dispositivo de localización y
detención de los posibles implicados en esta trama, en la que se
han intervenido varios ordenadores y abundante documentación que
analizan los agentes.
Alguno de los beneficiarios de la invalidez, que realmente
estaban enfermos, desconocían que podían obtener la pensión
solicitándola directamente al Ministerio de Trabajo a través del
Equipo de Valoración de Incapacidades.
Algunos de los detenidos en la «operación Karlos» podrían estar
relacionados con la «operación Halcón», en la que se investiga una
trama dedicada a la emisión y venta de facturas falsas a
empresarios del sector de la piel en la provincia de Cádiz, un
fraude que podría superar los 40 millones de euros.
La trama desarticulada se dedicaba a la concesión de pensiones
por incapacidad laboral mediante procedimientos ilegales. La
Benemérita informó de que las investigaciones comenzaron en el
pasado mes de octubre de 2005, después de conocer que podría haber
una persona ligada al grupo que, supuestamente, estafaba a la
Seguridad Social. Tras las primeras averiguaciones, el Instituto
Armado constató que esa persona contaba con la connivencia de un
médico, que era, presuntamente, el encargado de supervisar las
bajas que facilitan los facultativos de atención primaria.
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