La playa de Can Pere Antoni fue la primera en disponer de servicios de accesibilidad para los discapacitados.

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Un comité especial de la ONU aprobó ayer el borrador de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas, el primer tratado sobre derechos humanos que se acuerda en este siglo XXI.

La convención será un instrumento vinculante para los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones referentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo a las personas discapacitadas, así como a que puedan tener acceso a la información y sistemas de salud adecuada y movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales.

El proyecto de convención obligará a los gobiernos a adoptar medidas específicas a favor de los 650 millones de personas que sufren minusvalías en todo el mundo.

El Comité especial de la Asamblea General que ha negociado el tratado ha sido presidido por el embajador neozelandés Don MacKay, quien consideró su aprobación como un éxito.

Italia lanzó la idea hace dos décadas y luego se la hizo suya el presidente mexicano, Vicente Fox, quien reactivó en la ONU la iniciativa en 2001, aunque las negociaciones empezaron de forma intensa cuando se creó el comité especial en 2002.

También tiene como objetivo proteger y garantizar la igualdad plena con el resto de personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.

El término de discapacidad fue uno de los puntos más controvertidos durante el debate previo a la adopción.

Finalmente se ha acordado definir como discapacitadas a una persona que sufre algún menoscabo físico, mental o sensorial que le limita la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas, y que es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales.

Según datos de la ONU, el 80 por ciento de las personas con minusvalías viven en los países en desarrollo, mientras que en las naciones industrializadas, la tasa de discapacidad es más alta en los sectores sociales más marginados y con menor acceso a la educación.

La organización mundial calcula que el 90 por ciento de los niños con minusvalías no asisten a la escuela, y que el índice mundial de alfabetización de adultos con discapacidades llega solamente al 3 por ciento, un porcentaje que baja al 1 por ciento en el caso de las mujeres que sufren la misma situación, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).